viernes, 15 de agosto de 2014

Conversatorio principios de prevención.



Principio de prevención.

 
 
La prevención de la violencia y los hechos delictivos, son procesos que se desarrollan armónicamente y es posible que en la aplicación y desarrollo logremos tener mayor éxito y conocimiento en uno que en otro, al final los avances en cualquiera beneficiaran al otro.

Debemos esforzarnos en identificar aquellos niños y niñas, en mayor riesgo de ser violentos y cometer delitos, una detección temprana de estos chicos ahorrará tiempo y dinero  a todas las instituciones. Sin lugar a dudas, no todos los niños con problemas de conducta en nuestras comunidades se convertirán en adolescentes violentos, o delincuentes, sin embargo las estadísticas nos sugieren que una gran cantidad de adolescentes con un perfil delictivo definido, fueron antisociales a edades muy tempranas.   

De esta manera una prevención  eficaz posee dos elementos esenciales:

  1. Los programas preventivos: los cuales deben ser capaces de disminuir las condiciones, que inducen a la violencia y la comisión de delitos.
  2. Debemos facilitar la ubicación de aquellas personas que requieren de nuestro esfuerzo.

La Familia:
Los agentes socializadores de mayor importancia es la familia para los menores y adolescentes, toda vez que a través del vínculo familiar se transmiten desde muy tempranas etapas de la vida los diversos modelos culturales, normas éticas-morales  y patrones de conducta; mismos que marcan el estilo de adaptación del menor dentro del medio social en el cual se desenvuelve.  

Es en el núcleo familiar en donde se promueven formas básicas de iniciación de la vida social, tales como caminar, hablar correctamente; al igual que la capacidad para amar y ser amado, confiar y ser digno de confianza.

Lo cierto es que muchos estudios vinculados al menor infractor, nos revelan que independientemente del nivel de fortaleza del núcleo básico familiar de la relación entre los miembros que la compongan, la limitación en el ejercicio de la autoridad con relación al niño y el adolescente, abre la puerta a la posibilidad de conductas antisociales e incluso delictivas.

Sin lugar a dudas no existe una sociedad perfecta, pero de nosotros depende encontrar los puntos en común para llegar a acuerdos y procurar vivir con dignidad. El proceso de enseñar y aprender requiere de una actitud positiva, de esmero, dedicación, tolerancia y de respeto, el cual deben ejercerse como un gran equipo entre las instituciones familiares, escolares y la iglesia.

Prevención de la violencia y el abuso:  
Si preguntamos a un grupo de panameños residentes en Costa del Este si se  sienten seguros en Panamá, por lo menos el 50% contestaría que NO. Si preguntamos a otro grupo residente en San miguelito si se sienten seguros en Panamá, por lo menos el 90% dirían NO. ¿Qué significa esto? La gente pobre es siempre el mejor indicador referente a la seguridad de un área, ya que residen en la realidad, no están encajonados por las sociedades falsas que la gente rica puede construir alrededor de sí mismos.

Los grupos criminales organizados, tales como bandas y traficantes de drogas, han asumido el control de las áreas más pobres de la ciudad y los pueblos del interior, siendo estos donde se inician los problemas reales.

Una realidad es que los panameños pobres laboran para la gente rica, observando una sociedad corrupta, políticos cometiendo actos criminales e inmorales y no son procesados, los pudientes sumergidos en la corrupción y la criminalidad. Dicho esto, podemos confirmar el concepto “tengo el derecho a delinquir porque todo el mundo lo está haciendo”.

Los niños, niñas y adolescentes viven en comunidades donde piensan que es bueno ser un miembro de una banda o grupos de traficantes de drogas, pues es así, como se consigue el ser respetado en nuestra sociedad.

Para crear una sociedad más segura para todos, debemos implementar la prevención en vez de las curaciones. La prevención toma muchas formas, pero, comienza con la educación y programas sociales.

Hasta que la sociedad civil y los gobernantes estemos preparados para adquirir el desafío de proporcionar una mejor seguridad en Panamá. Nuestro país continuara hacia abajo en un espiral peligroso, provocando la perdida de la confianza de inversionistas, el turismo mermaría, perderíamos negocios, ya que los costos de seguridad privada son muy elevados.  


La violencia es un fenómeno complejo multicausal, donde intervienen aspectos psicológicos, biológicos, sociales, culturales, económicos y gubernamentales. La violencia afecta negativamente  a las personas, a las familias, a las comunidades y a las sociedades.    Es un flagelo que atenta cada vez más contra los derechos humanos, convirtiéndose en un problema de salud pública de dimensiones incalculables. 

Todas las formas de violencia contra la niñez y la adolescencia representan una violación de sus derechos contenidos  en la  Convención sobre los Derechos del Niño y la niña de 1989 y ratificados por el Estado Panameño en 1990.  La Convención ha fortalecido las instancias responsables por velar que estos derechos se cumplan. 

Las conductas violentas las observamos en la familia, en la comunidad y en la sociedad.  Se observan actos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en la escuela, la iglesia, en los centros deportivos,  en los albergues o centros de acogida, en los centros de reclusión, internamiento  y protección, en los servicios públicos, en el trabajo, en la comunidad entre otros. De acuerdo a las características de estos actos violentos podemos identificar varios tipos:

ü  la violencia verbal
ü  la emocional
ü  la física
ü  la sexual incluyendo la explotación sexual comercial.

La violencia física, psicológica y sexual es un fenómeno que afecta a numerosos núcleos familiares en el país. La mayoría de los y las abusadoras sexuales sufrieron este tipo de maltrato durante la niñez, enmarcándolo dentro de un ciclo trans-generacional.

Las consecuencias del abuso son impredecibles. Los costos emocionales, así como los costos para el Estado son enormes. El abuso infantil es violencia y genera violencia.  Los costos indirectos del abuso y maltrato infantil representan para el Estado consecuencias económicas a largo plazo. Estos costos incluyen aquellos asociados al crimen, la delincuencia juvenil y adulta, las enfermedades mentales, el abuso de sustancias y la violencia doméstica. Pero también son costos relacionados a la pérdida de la productividad como consecuencia del desempleo o el subempleo, el costo de la educación especial y el uso frecuente de los servicios médicos.

Se han dedicado muchos recursos a la investigación de las consecuencias del maltrato infantil. Sus efectos varían dependiendo de las circunstancias del abuso y según las características del niño y su entorno. Las consecuencias pueden ser muy graves. Pueden durar toda una vida. Además de afectar al niño física y psicológicamente, estas consecuencias pueden afectar su comportamiento o manifestarse en combinación. El maltrato infantil y abuso sexual genera altos costos para las entidades públicas como los sistemas escolares, médicos y de servicios sociales, y su impacto afecta a los individuos, a las familias, y a la sociedad en general y generan los siguientes problemas sociales: 

  • de salud y/o de comportamiento
  • de drogas y/o alcohol

  •  embarazo adolescente y promiscuidad

  • crimen 


viernes, 18 de julio de 2014

La privación de libertad de un menor de edad


La privación de libertad de un menor de edad no tiene sentido completo si el Estado, a la vez que ejerce su mayor poder sobre  él  (castigar), no aprovecha el tiempo que el menor pasa en prisión para procurar que colabore voluntariamente en transformar su comportamiento social en el adecuado para la convivencia pacífica. 


Salvo los casos en que el infractor no es un sujeto inadaptado, con una socialización defectuosa, el recluso debe recibir un tratamiento individualizado dirigido a la adquisición de nuevas pautas de comportamiento social que permitan una convivencia normalizada con sus conciudadanos desarrollando su capacidad para la vida en común. 


Es evidente que si durante el encierro no se consigue que el menor de edad cambie su comportamiento y una vez en libertad vuelve a infringir, el ordenamiento penal, la colectividad no habrá obtenido ningún beneficio de su privación de libertad que, además, habrá costado una suma considerable de dinero al erario público, las Ong´s y la empresa privada. 


En Panamá, las nuevas tendencias sobre la ejecución de las penas de menores intentan combinar diversos fines para que sean a la vez sancionadoras de un comportamiento prohibido y sirvan a la reeducación del infractor para su reinserción social. La resocialización descansa sobre la noción de que debe prevenirse la futura comisión de delitos por los menores ya condenados a través de un cambio en el comportamiento de los individuos.


Para conseguir este proceso resocializador dentro de los Centros de Cumplimiento de Menores en Panamá, debemos aplicar un tratamiento individualizado que parte de un juicio de personalidad y tiene como objetivo la modificación del comportamiento del sujeto de tal modo que permita, al finalizar el tratamiento, emitir un pronóstico favorable de comportamiento social cuando el penado adquiera su libertad. 


El tema es, por una parte, que todos los reclusos no tienen por qué estar privados de libertad el tiempo necesario para ser reeducados, por lo que el tratamiento inacabado tiene una alta probabilidad de no ser eficaz, y, por otra parte, siempre existirán personas que no sean resocializables.


El tratamiento para la reinserción sólo puede ser aplicado a los reclusos condenados y no a los sujetos pendientes de juicio, los presos preventivos, de los que aún no se ha demostrado jurídicamente su actitud antisocial y a los que se ha aplicado la privación de libertad como medida cautelar por haberse producido una situación de alarma social a raíz de una supuesta acción delictiva o bien por tener el juez serias dudas sobre su presentación en el momento del juicio.

La Zona del Canal de Panamá